La crisis climática dejó de ser una abstracción académica o una especulación de expertos, y es hoy un conflicto socioambiental y político en el centro de la agenda global. Sus efectos son notorios en el agotamiento de fuentes imprescindibles de agua dulce (derretimiento polar, extinción de glaciares y lagos, desertificación); cambios en los regímenes de lluvias (que afectan la vida de miles de agricultores y campesinos en todo el mundo); o el aumento de tormentas y huracanes. Pero además, debido a la fuerte desigualdad entre países y sectores sociales, quienes más sufren las consecuencias -sea por pobreza, sea por dedicarse a la agricultura- son los menores responsables: los gases de efecto invernadero que originan el calentamiento global (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso y clorofluorocarbonados), son emitidos mayormente por los países “desarrollados” (EE.UU y Europa emiten 40% del total, según datos de Naciones Unidas [2006]).
Además de los problemas causados por el uso de petróleo -en sólo 150 años consumimos la mitad de las reservas, existen más de 800 millones de automóviles y se construyen 80 millones más por año-, el modelo de alimentación llevó a la agricultura a convertirse en industria contaminante, y a los pueblos a perder su soberanía alimentaria. Nuestra vivencia en Argentina ya es dramática: sobre 17 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica, sólo consumimos el 4% -el resto se exporta-, avanzan los desmontes para sembrar aún más, mientras ya importamos otros alimentos y crece la polémica en torno a los males traídos por los agrotóxicos.
El protocolo de Kioto
La importancia comunitaria global de la crisis comenzó a tratarse en 1992, con la Convención sobre Cambio Climático, que derivó en 1997 en la firma del Protocolo de Kioto, donde casi 200 países -excepto EE.UU- se propusieron reducir las emisiones totales en un 5% respecto de la situación de 1990, medida incluso insuficiente para algunos sectores (“es como si viniéramos en un auto a 100 km/h hacia un paredón, y estimamos chocar en diez minutos, ante lo cual decidimos bajar la velocidad a 95 km/h”, ejemplificaron). A contramano de las intenciones mayoritarias, EE.UU no firmó porque abiertamente plantea que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo obligaría a revisar su propia estructura productiva y el nivel de vida de su sociedad, actitud no condenada por el resto de la ONU, en línea con lo ocurrido en lo relativo a las invasiones a Irak y Afganistán.
Copenhague 2009
El debate anual sobre Cambio Climático (Conferencias de las Partes, conocidas como COP) avanzaba sin mayores sobresaltos, ni éxitos, hasta la COP14, realizada en Polonia. Pero el incremento de las complicaciones ambientales y las evidencias de que el calentamiento global crece a un ritmo casi imparable, sumado a tensiones sociales mundiales resultado de la crisis sistémica, subieron la presión social y política.
Se esperaba entonces de la COP15 (Copenhague, diciembre de 2009. Ver Saber Cómo 85) un acuerdo serio, en el que los países industrializados se comprometieran a un plan creíble de reducción de sus emisiones de gases de invernadero. Lejos de eso, EE.UU dio un pequeño “golpe de estado” dentro de la cumbre, acordó con un puñado de países un texto de compromisos ambiguos y no vinculantes. Pero la maniobra no pudo ser ocultada y la cumbre terminó en bochorno. Afuera, 100.000 personas se manifestaban en las calles con una consigna clara: “Cambien el sistema, No el Clima”. Finalizaba así el año en que el capitalismo global fue “salvado” con 700 mil millones de dólares para bancos y empresas automotrices. En Copenhague quedó claro que los países centrales no tenían la misma valoración ni intención en lo relativo a la salud del planeta. La ONU, el ámbito global para discutir las cuestiones “importantes”, demostraba así -una vez más- no funcionar, ni en lo democrático ni en lo práctico.
Cochabamba 2010
Rápido de reflejos, Evo Morales convocó de inmediato a una “cumbre de los pueblos”, con el objetivo de preparar una serie de propuestas concretas. Con apenas tres meses de preparación, se realizó la 1º Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, del 19 al 22 de abril pasado, con más de 35.000 asistentes (las especulaciones previas hablaban de unos 10.000 concurrentes) y 142 países representados. Durante 3 días se realizó una gigantesca asamblea popular mixta, entre personas y movimientos autogestionados y aportes de estados, principalmente de Bolivia y en menor medida Venezuela.
Se planteó como urgente construir una alternativa al capitalismo de mercado global, y poner en marcha un sistema en armonía con la naturaleza, con las comunidades como protagonistas y gestores productivos y políticos, recuperando e integrando saberes y formas indígenas, integrando e inventando nuevas tecnologías de apropiación colectiva. Para fortalecer ese camino, proponen se aprueben mundialmente los Derechos de la Madre Tierra (ya también redactados).
Previendo la negativa de los países “centrales” a “colaborar” en las acciones ambientales necesarias, se crearía un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Todo lo resuelto se presentó formalmente para ser tratado en la próxima cumbre de la ONU, Cancún, México, diciembre 2010 (COP16), donde representantes de todos los países puedan apoyar este plan. Para presionar con suficiente fuerza, se convoca a todo el mundo al encuentro mexicano, y ya comenzaron los movimientos de organización en tal sentido. La puesta en práctica de referéndums en todo el mundo, convocados por los estados o autoconvocados por la sociedad civil, ayudaría a crecer en fortaleza, conciencia y legitimidad. También para coordinar fuerzas, presiones y acciones, Morales propuso la conformación de una nueva organización internacional por la Madre Tierra.
Esta cumbre ha generado renovadas discusiones, variadas posturas y proyecciones. Es evidente que el tema del cambio climático ha cobrado una nueva dimensión, revitalizando la política global. Resultamos interpelados como individuos y como sociedad ya no sólo por la temática -hace tiempo que sabemos que el tema nos concierne a todos- sino también en relación a con qué acciones concretas participaremos del debate.
Por Juan Nicastro, juannicastroprensa@gmail.com, comunicacion@inti.gob.ar
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