A finales de la década de 1990, un conjunto de ecólogos y economistas norteamericanos se reunieron con el ambicioso objetivo de estimar cuánto le costaría monetariamente a la humanidad, reemplazar con tecnología los Servicios Ambientales (SA) que la naturaleza nos provee. Es decir, valuar el amplio rango de condiciones, procesos y funciones de regulación, a través de los cuales los ecosistemas naturales, agrosistemas y las especies que son parte de él, permiten sustentar el equilibrio ecológico y desarrollar la vida humana. La respuesta aún genera polémica; cuando se realizó el estudio, el valor aproximado se calculó en U$S33 billones por año, el doble del producto bruto mundial de 1997.
CONSERVACIÓN: Costa Rica preserva bajo distintas categorías de protección cerca del 25% del territorio nacional.
Como consecuencia de esta investigación se disparó un controversial instrumento económico que protagoniza la fundamentación de las nuevas políticas de conservación de la naturaleza: el Pago por Servicios Ambientales, que ya se aplica en una docena de países del mundo. El mecanismo consiste en reconocer el pago por parte de quienes se benefician directa e indirectamente de los Servicios Ambientales a los propietarios de las tierras de los ecosistemas que los proveen, sean éstas privadas o estatales, para su conservación y correcto manejo. Por ejemplo, si una empresa utiliza agua de una cuenca para sus procesos, la firma compensa económicamente al propietario de las tierras aguas arriba para cuidar el recurso.
Costa Rica es uno de los países pioneros en la región en incorporar este paquete de estrategias tan debatidas en la economía ecológica. Si bien sus consecuencias deberían ser estudiadas en profundidad, lo cierto es que su aplicación permitió a la fecha, proteger sus ecosistemas naturales, posicionarlo en tercer lugar en el ranking mundial de desempeño ambiental y generar divisas que ya superan a las del café.
Con un territorio de 51.100 km2 y un total de 87.985 especies inventariadas, la política de conservación de espacios naturales de Costa Rica se inicia formalmente a mediados del siglo XX, momento en que la deforestación alcanzaba 60.000 ha/año. Como es habitual, se consideraba que los bosques no poseían valor alguno y por lo tanto, debían ser deforestados y reemplazados por actividades “productivas”, como la agricultura y la ganadería extensivas. El porcentaje de cobertura vegetal del país saltó de 75% en 1940 a un alarmante 31% en 1977. La amenaza de extinguir completamente los bosques motivó a orientar las políticas nacionales hacia la conservación, fijando como primer objetivo revertir el proceso de deforestación. Con esta meta, en 1979 se aprobó la primera Ley Forestal que fija una serie de medidas basadas en incentivos económicos: pago por incentivos a la reforestación, créditos blandos y certificados de abono forestal, entre otros. Paralelamente, a fines de la década de 1980, Costa Rica convirtió parte de su deuda externa comercial (5%) por unos bonos denominados de “conservación”. Los mismos fueron utilizados para financiar la creación de áreas protegidas y fortalecer la política ambiental. Hacia 1993, un 22% del territorio se encontraba protegido.
Sin embargo, los logros no eran suficientes. Con la firma del Protocolo de Kyoto como marco legal internacional, la Ley Forestal 7575 de 1996 profundizó los objetivos de conservación y estableció una nueva dinámica de valoración del capital natural para darle sostenibilidad al modelo: el Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esta medida se basa en reconocer que el bosque es un ecosistema que provee servicios a la sociedad y por lo tanto tiene valor en sí mismo. Así, todos aquellos propietarios de terrenos que realizan actividades de protección y manejo adecuado de las áreas boscosas o reforesten, deben recibir un pago monetario por esta tarea.
La innovadora Ley reconoce cuatro servicios forestales: mitigación de los gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro y almacenamiento); protección de cuencas de propósito urbano, rural o hidroeléctrico; protección de la biodiversidad para su preservación y uso científico y farmacéutico, para investigaciones de genética, mejoramiento y protección del ecosistema y su fauna; y la protección de la belleza escénica para propósitos turísticos y científicos.
BIODIVERSIDAD: Costa Rica logró inventariar el 20% de su biodiversidad, cuando la mayoría de los países no llega a conocer el 10%.
“Salvar, conocer y utilizar”
Actualmente, el Estado de Costa Rica compensa monetariamente a los propietarios de las tierras y se reserva el derecho de cobrarle por los servicios ambientales a quienes más directamente se beneficien de ellos, tanto a nivel nacional como internacional. Los propietarios de las tierras pueden adicionalmente desarrollar actividades no dañinas para los servicios ambientales, como el turismo o actividades científicas. Si bien el objetivo a futuro es orientar el modelo hacia el desarrollo rural y el combate a la pobreza, merece un estudio aparte investigar quiénes son en Costa Rica efectivamente los propietarios de las tierras y quiénes son aquellos que pagan por los beneficios de éstas. Para solventar estos pagos, el Estado se sustenta de diversas fuentes, entre ellas, un 3,5% de lo recaudado del impuesto al consumo de combustibles y otros hidrocarburos, bajo el principio de “quien contamina, debe pagar”; montos recaudados por venta de los servicios a nivel local e internacional, tales como paisaje, control de pendientes, captura de carbono y protección de recursos hídricos, entre otros; acuerdos voluntarios establecidos con diversas empresas hidroeléctricas, forestales, provisión de agua potable, entre otras; préstamos del Banco Mundial y donaciones del Fondo Ambiental Mundial (GEF) y un porcentaje del impuesto al turismo que se abona en el aeropuerto al entrar o salir del país. El esquema parece lógico y simula no tener fallas.
A la fecha, bajo el lema “salvar, conocer y utilizar”, Costa Rica logró alcanzar una cobertura boscosa del 49% de su territorio e inventariar el 20% de su biodiversidad (la mayoría de los países no conoce ni un 10% de su biodiversidad). Un 10% del territorio se encuentra adscripto a algún sistema de PSA y preserva adicionalmente un 25% bajo alguna categoría de protección. Los ingresos por turismo representaron en 2008, el 8% de su PBI con U$S2000 millones y la visita de 2 millones de turistas. El turismo en 2005 generó de manera directa e indirecta el 13% de los empleos del país. Pero paradójicamente, entre 1996 y 2006, el porcentaje de población pobre se mantuvo constante en un 20% de la población total.
El Pago por Servicios Ambientales valora las funciones de la naturaleza en el simple lenguaje de la moneda y resulta una herramienta provechosa para recompensar las externalidades positivas a las actividades que protejan el medio ambiente. Sin embargo, el sistema no debe ser visto como la panacea ni la única fundamentación de la necesidad de conservar y restaurar nuestros ecosistemas naturales. Caer en la tentación de subsumir a las facilidades de la especulación del mercado los intangibles de la naturaleza, pone en duda su sostenibilidad social y ecológica. Es “vino viejo en botella nueva” y el aparente éxito de las experiencias llama la atención a grandes inversores. Sólo resta preguntarnos, ¿resulta ético e inteligente “mercantilizar la naturaleza”? ¿Es éste el único camino?
Por Leticia Doormann, leticiad@inti.gob.ar
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