El proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual viene a saldar una deuda histórica en materia de políticas comunicacionales en nuestro país ya que reemplazará el Decreto Ley que rige actualmente, sancionado durante la dictadura en 1980, y que fue modificado durante el gobierno de Carlos Menem para favorecer al sector privado, permitiendo la creación de multimedios.
El derecho a la comunicación es un derecho humano fundamental; es indispensable una Ley de Radiodifusión de la democracia que reemplace al Decreto Ley 22.285 de la dictadura; si unos pocos pueden controlar la información que se emite y que se recepta, no es posible la democracia. La Ley de Radiodifusión debe garantizar el acceso de todas las personas y sectores a la libre expresión de sus ideas, al pluralismo informativo y cultural.
Resulta inadmisible la exclusión de importantes sectores de la sociedad de la radio y la televisión, así como la
|
monopolización y concentración en pocos multimedios que deciden la agenda pública y hasta la privada, porque los temas, referentes y estéticas que intervienen en las conversaciones sociales, los almuerzos familiares y hasta buena parte del propio pensamiento, queda modelado y pautado por lo que la agenda mediática decide tematizar. Se necesitan medios públicos disponibles y abiertos, con tecnologías y contenidos fuertes y de calidad, controlados por la sociedad y al servicio de todos, y no de los poderes concentrados ni por funcionarios o los gobiernos de turno. Si bien, desde la vuelta a la democracia algunos sectores políticos y de la sociedad civil intentaron impulsar nuevos proyectos de ley que reemplazaran el Decreto Ley 22.285 de la dictadura, recién en 2004 se logró consolidar una propuesta que 5 años más tarde, bajo la forma de proyecto de ley, se está debatiendo en estos momentos en diferentes ámbitos del sector público para luego ingresar al Congreso.
 Nota completa |
