Alguien podría apresurarse a señalar que en el actual contexto de crisis internacional, ambas cuestiones – la crisis actual y la inequidad estructural – no pueden ser tratadas simultáneamente. Creemos, por el contrario, que la crisis brinda una oportunidad para atacar la inequidad que no se puede dejar pasar de largo. Hay dos razones para pensar así:
Primera: la pérdida de certeza sobre el horizonte dibujado por las tradicionales fuerzas del mercado, abarca a todos los ciudadanos, que en estos momentos están más dispuestos que lo habitual, a que el Estado formule planes abarcativos y conduzca el camino hacia una salida.
Segunda: incorporar al trabajo y al consumo a las millones de personas que hoy están al margen de la economía es seguramente muy reactivante y, por lo tanto, apunta, y mucho, a superar la crisis. Además lo hace de manera sustentable, se proyecta en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, sumar trabajadores en la base social y en toda la geografía argentina, integrando su consumo a la demanda efectiva de la economía, constituye una meta anterior a la crisis, pero ahora reforzada – reclamada diría – por la crisis.
Es por lo tanto necesario – y además posible -, contar con un fuerte programa de desarrollo local que sea modular, repetible en todo municipio, con propuestas tecnológicas de fácil transferencia, a la vez que encontrar formas simples de financiarlo, capacitar el personal y asistir a los emprendimientos hasta que alcancen su estado estable. Tal programa de desarrollo local es el componente decisivo a agregar a una política de reactivación “por arriba” tradicional. Tal vez ello haga la diferencia.
Las necesidades sociales y las necesidades básicas
Aplicaremos un principio fuerte: el desarrollo local buscará satisfacer necesidades también locales. Esto es: la mirada debe fijarse ante todo sobre la propia comunidad donde se generan los bienes y no centrarla en buscar producir para exportar o para otros ámbitos. Hemos considerado útil y necesario clasificar las necesidades locales en dos categorías: sociales y básicas.
Las primeras son las de alcance comunitario por definición y a la vez forman parte del compromiso habitualmente asumido por la dirigencia política de un distrito. A saber:
1. Eficiencia en el uso de la energía
Se trata de la racionalización del alumbrado público y la capacitación de los actores privados para el mejor uso del insumo energético.
2. Utilización de fuentes de energía renovables
Es un espacio vacío en la gestión municipal. Sin embargo, es una línea estratégica avanzar en el dominio de fuentes de energía de generación a escala local y uso distribuido.
3. Calidad y cantidad de agua potable
Cada ámbito debe asegurar tanto la calidad del agua utilizada por los ciudadanos, como su disponibilidad en volumen, tanto para bebida como para riego y producción.
4. Procesamiento de residuos urbanos o industriales
Desde la basura domiciliaria a los tambores vacíos de agroquímicos, hay aquí una necesidad de gestión relevante.
5. Mantenimiento de infraestructura
Los edificios escolares o de hospitales, los caminos urbanos o rurales, son temas municipales, más allá de las responsabilidades propias de otros ámbitos sobre esas cuestiones.
6. Lealtad comercial
Una oficina local que actúe dando seguridad a los consumidores o usuarios sobre cantidad y/o calidad de bienes y servicios debe ser un ámbito de jerarquización de la producción.
7. Comunicación local
Esta es una idea nueva. El municipio puede construir mecanismos de vinculación entre los habitantes que sumen información, diálogo e incluso debate, como forma de fortalecer el tejido y la identidad social.
En cuanto a las que hemos llamado necesidades básicas, se trata de temas de alcance individual pero, por supuesto, comunes a todos los habitantes de un distrito. Específicamente, nos referimos a la alimentación, la vestimenta, la vivienda, la recreación y la atención de los discapacitados. En todos esos planos, creemos que una propuesta de desarrollo local tiene elementos importantes que aportar para conseguir que buena parte de las necesidades se satisfagan como producción de bienes o servicios implementada en el mismo ámbito.
En particular, el INTI está en condiciones de diseñar unidades productivas, capacitar operarios o técnicos y asistir técnicamente en todas las etapas de producción y puesta en marcha, para los siguientes casos:
8. Industrialización de leche
Es ampliamente conocido que hay muchas regiones del país que consumen leche producida y elaborada a mucha distancia de allí. En casi todos los casos, el fundamento de esto no es técnico sino de concentración económica, por lo que la situación puede ser modificada.
9. Pollos y huevos
Se repite el concepto. Se puede contar con peladeros de pollos enteramente sanitarios, para capacidades desde 600 animales por día, que permiten construir la cadena local de valor en este frente.
10. Panificados
Desde la molienda de granos hasta la elaboración última, la escala puede ser local.
11. Frutas y hortalizas
La creación o recuperación de cinturones hortícolas puede ser facilitada por esquemas de conservación, distribución y comercialización que apuntalen la producción local.
12. Carne vacuna
La tecnología de engorde a corral tiende a generalizarse. En tal sentido, libera a esta producción de restricciones espaciales y permite a las zonas que nunca produjeron hacienda gorda ingresar a la actividad. El INTI tiene mucho para aportar, en diseño de mataderos pequeños y tratamiento de efluentes, tanto del sector primario como de la industria.
13. Vestimenta
En las diversas ramas de la producción de indumentaria es posible instalar plantas de escala local. Incluso es posible optimizar costos, instalando algunas unidades comunes de servicios.
14. Materiales de construcción
Desde la producción de bloques o ladrillos,
hasta las carpinterías de madera o aluminio, se puede instalar unidades eficientes de escala corta.
15. Bienes para la recreación
Tanto en instalaciones fijas como en implementos, se pueden producir bienes a escala local.
16. Bienes para discapacitados
El INTI ya ha avanzado en este plano, poniendo a disposición de escuelas técnicas de todo el país, planos y métodos constructivos para una gama de bienes de complejidad diversa, que llega hasta las sillas de ruedas.
Desde luego, en todo lo que tiene que ver con la industrialización de alimentos, corresponde trabajar con el concepto de cadena de valor, sumando al INTA y a universidades locales en cada proyecto, para todos los aspectos de la producción primaria. Se trata, en suma, de encarar proyectos en 16 áreas distintas, que permiten identificar varias decenas de unidades productivas a medida que se avanza en casos específicos y que se piensa en toda la cadena de valor, desde las materias primas más elementales hasta el bien o servicio final.
El INTI se está aplicando a establecer módulos recomendados para cada producto y en el anexo se resumen los primeros casos que ya están a disposición. Nos parece que es conveniente, en este sentido, pensar además en agrupamientos espaciales que permitan visualizar uno o más parques de producción local. A diferencia de los ya conocidos – y en muchos casos fracasados – proyectos de parques industriales, aquí no se trata de construir un espacio al que se le aseguran los servicios básicos y se buscan inversores para que se instalen en él. Por el contrario, se trata de definir el proyecto completo, articulando en el espacio a varias unidades productivas listas para ser construidas y operadas, a las que les falte sólo definir quién se hace cargo de ellas.
Quién y Cómo
El punto clave pendiente, en consecuencia, es entender las variantes sobre quién toma la responsabilidad de implementar el proyecto en su conjunto.
Primer escenario: el Municipio hace suyo el proyecto conceptualmente, pero
se limita a promoverlo en el discurso, buscando actores privados que se hagan cargo.
Segundo escenario: el Municipio considera al proyecto como estatal y busca administrarlo y financiarlo en forma directa.
Tercer escenario: el Municipio considera al tema como una cuestión de importancia e interés para el conjunto de la comunidad local. Por lo tanto, constituye una figura jurídica (Corporación para la Producción Local) en la cual se integra como socio y convoca a ella a diversos espacios representativos del interés ciudadano, tales como asociaciones barriales, cámaras empresarias, ámbitos educativos, etc. En ese espacio el Municipio toma la iniciativa y busca conducir al conjunto en la dirección deseada, buscando incluso recursos y actores que gestionen, dentro de la misma comunidad.
Es obvio por la extensión de los comentarios previos que recomendamos la construcción del tercer escenario. Pero nos permitimos fundamentar nuestras críticas a los dos primeros.
Si el Municipio se limita a promover el tema desde el discurso o incluso si consigue recursos que pone a disposición de actores privados, la orientación general del proyecto queda en manos de actores individuales, que han de tomar sus decisiones futuras con la estricta lógica de un inversor privado. Esa lógica suele no tomar en cuenta las externalidades, esto es: los beneficios o los costos de una empresa que se vuelcan fuera de sus límites. Por lo tanto, es perfectamente imaginable que se tomen decisiones que pongan en peligro el proyecto colectivo, incluyendo entre éstas, la venta futura de las unidades a algún actor más poderoso, que favorezca la concentración típica de la actual geografía nacional. Si en el otro extremo, el Municipio se hace cargo por completo del proyecto, éste se puede convertir en una idea proclive a la burocratización, al manejo de intereses políticos circunstanciales, aparte de ser considerado un proyecto ajeno para una fracción de la sociedad local.
La conformación de una Corporación para la Producción Local, en cambio, elude ambos riesgos. El municipio se compromete, pero también lo hacen otros actores sociales colectivos. Los proyectos forman parte de un todo común, pero nada impide que unos sean asignados bajo ciertas condiciones a actores privados y otros sean administrados por el sector público. Se pueden seguir enumerando atributos que mostrarían la flexibilidad de este camino que, a la vez, es garantía de sustentabilidad.
Los montos de Inversión y la Financiación
Las cifras del Anexo son absolutamente parciales. Computan solamente un conjunto de plantas y de ellas sólo el equipamiento. Falta tener en cuenta las obras civiles necesarias y el capital de trabajo.
Sin embargo, si tomamos como referencia el costo medio de $45.000 de maquinaria por cada puesto de trabajo directo, el costo suma de todos los rubros, máximo y promedio por puesto directo, no deberá superar los $80.000. Este valor es casi irrelevante comparado, por caso, con el costo de más de 1 millón de pesos por persona, asociado a una industria automotriz o siderúrgica.
Los valores totales a aplicar a un municipio serán variables, en función de su actual tejido productivo, pero por lo que se puede apreciar de nuestro trabajo preliminar podrían llegar a un máximo de 10 millones de pesos, para municipios con una población entre 10.000 y 200.000 habitantes.
Cabe aclarar, aunque es evidente, que un plan de este alcance puede tener experiencias pilotos, implementaciones parciales y progresivas, según se desee, para ganar la confianza propia y de la comunidad respecto del valor de su concreción. A nuestro criterio, estas cifras, aún admitiendo márgenes de error importantes y costos iniciales de capacitación y organización extraordinarios, se comparan con gran ventaja con cualquier alternativa de generación de empleo de calidad en el contexto económico y productivo del país.
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